COLEGIOS DIOCESANOS DE TOLEDO Y

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Hace unos días los Colegios diocesanos de Toledo, como el resto de los Centros escolares, han iniciado un nuevo curso. Sólo pido a estos Colegios que sean ejemplo de escuela católica, como la quiere y orienta la Iglesia; ése será su mejor servicio a la sociedad. Y, como a todos, también a los Colegios diocesanos les afecta el asunto, grave e importante, de la nueva asignatura "Educación para la Ciudadanía". Muchos de los padres de nuestros Colegios diocesanos, por sentido de responsabilidad y en el ejercicio de su deber de padres para con sus hijos y del derecho humano fundamental inalienable que los asiste de elegir para ellos una formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones, han presentado objeción de conciencia ante esta asignatura. Los padres que hayan tomado esta legítima opción pueden tener la certeza absoluta que los Colegios diocesanos van a respetar su opción, por ser un derecho básico que les asiste, y no dejarán a sus hijos en situaciones de precariedad o de desigualdad formativa con respecto a sus compañeros: serán atendidos debidamente y conforme a lo que es justo y equitativo.

Actuando así, nuestros Colegios diocesanos obran en coherencia con lo que es la escuela católica, la libertad de enseñanza y el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución que les corresponden a nuestros Centros. Queremos -quede claro- cumplir la Ley escrupulosamente en nuestros Colegios; no nos hemos negado en ningún momento ni nos negamos ahora en modo alguno a ello: queremos cumplir la Constitución en sus artículos 16 y 27, queremos cumplir la LOE en lo que se refiere a esta materia. Estamos a favor de la Ley y queremos obedecerla. En primer lugar a la Ley inscrita en la naturaleza del ser humano, en la que radican los derechos humanos fundamentales, como es el de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y a la libertad de enseñanza; en segundo lugar, y derivado de aquí, a la Ley positiva que garantiza estos derechos como es el caso de nuestra Constitución Española; en tercer lugar a aquellas Leyes Orgánicas que se refieren y sirven al bien común, como sería la LOE; por supuesto, querríamos secundar en todo los Reales Decretos que desarrollan y aplican las Leyes Orgánicas cuando, en fidelidad a lo anterior, respeten y no vulneren objetivamente esa Ley fundamental de derechos humanos que corresponden al ser humano previamente a cualquier ordenación jurídica positiva.

Lamentablemente lo legislado, en concreto, por los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas Obligatorias que regulan y configuran dicha asignatura, establece algunos contenidos, señala algunos objetivos y exige algunas competencias que no son compatibles con la visión cristiana del hombre que es la que identifica a nuestros Colegios y por la que los padres y profesores de nuestros Colegios han optado. Dichos objetivos, contenidos y competencias configuran en su conjunto una visión del hombre y de la sociedad que contradicen principios cristianos básicos e irrenunciables. Con los Reales Decretos se impone una formación moral y humana determinada, obligatoria, de la conciencia por parte del Estado, no elegida por los padres e impuesta a los Centros, que traspasa sus propias competencias y es contraria a la doctrina católica. Por eso no podemos cumplir enteramente con lo que determinan estos Reales Decretos. ¿No cabría revisar estos Reales Decretos en aquello que contradigan derechos fundamentales de padres y de Centros?. En nuestros Colegios diocesanos defendemos la libertad, dentro y al servicio del bien común: esto no nos sitúa fuera de la Ley, al contrario.

Por eso, en nuestros Centros, no podemos ni debemos impartir a nuestros alumnos esta materia tal como está configurada en los Reales Decretos, pues, de suyo, violaríamos el carácter propio de nuestros Centros, el derecho de los padres a que reciban la formación religiosa y moral que han decidido para sus hijos, y, también, el derecho legítimo que asiste a los padres, que así lo vean, a objetar en conciencia, como han hecho un buen número de ellos.

Somos conscientes, empero, tanto del imperativo legal y de su alcance, como también de la necesidad de una formación para vivir en nuestra sociedad y contribuir al bien común de la misma. Por eso, en nuestros Centros, actuando responsablemente, sí se formará a todos nuestros alumnos sobre la base de la verdad de la persona para que sean buenos y honrados ciudadanos que cumplen con los principios y mandatos constitucionales, que respetan los derechos humanos, promueven el bien común y colaboran con el resto de los ciudadanos para su consecución, son solidarios y trabajan por la paz, la concordia y la justa convivencia entre todos, respetando a todos y la dignidad inviolable de cada uno, y saben vivir conforme a criterios de urbanidad y buena educación...

Nuestros Centros, respetando la voluntad de los padres y el carácter propio de los Colegios diocesanos, y queriendo mantenerse en el imperativo de la Ley se ven forzados a seguir una doble vía. No vemos otra salida. Así, para los alumnos, cuyos padres no han presentado objeción a esta asignatura, se les impartirá esta nueva materia con una programación propia adaptada al carácter propio del Centro, de conformidad con la Constitución y la LOE, y en total fidelidad a la visión cristiana del hombre y de la sociedad, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia que es válida y universal y es conforme con la recta razón. Aseguramos que se contará con materiales didácticos que no contradigan la visión cristiana.

Los alumnos, cuyos padres hayan presentado objeción de conciencia en legítima defensa de sus derechos, dentro del horario y ámbito escolar, en espacios diferentes, recibirán la atención educativa adecuada con una formación que garantice su integración total en nuestra sociedad, su estar y colaborar al servicio del bien común, y su contribución a la concordia y a la paz basada en la verdad, la libertad, el amor, los derechos humanos fundamentales y la justicia.

Los Colegios diocesanos no podemos actuar de otra manera. De lo contrario no respetaríamos los derechos de los padres, y traicionaríamos nuestra identidad y lo que implica la libertad de enseñanza garantizada en la Constitución Española.

+ Antonio Cañizares Llovera 

Cardenal Arzobispo de Toledo

Primado de España